Mi trayectoria combina formación académica, experiencia profesional y compromiso con la justicia. Cada etapa, desde la licenciatura hasta mi labor como fiscal del Ministerio Público Investigador y en instituciones como INAH, INFONAVIT y la UJAT, me ha preparado para servir a Tabasco con responsabilidad y dedicación.
Como diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, transformo esa experiencia en acciones concretas. Mis iniciativas buscan garantizar seguridad, justicia, participación ciudadana y protección ambiental, construyendo un futuro más justo para todos los tabasqueños.
Cada iniciativa que presento nace de la cercanía con la ciudadanía y del compromiso de legislar con propósito. Desde la seguridad y la justicia hasta la protección del medio ambiente y la participación ciudadana, mis propuestas buscan soluciones reales que mejoren la vida de todos los tabasqueños.
Para mí, legislar significa transformar la experiencia y el conocimiento en acciones concretas. Cada reforma está diseñada para proteger a los más vulnerables, abrir oportunidades a la juventud y fortalecer la democracia, asegurando que la ley sea un instrumento de beneficio tangible para nuestra gente.
Busca integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los programas para jóvenes, promoviendo educación, empleo y proyectos innovadores en sostenibilidad. La juventud se convierte en un eje de transformación para Tabasco.
Actualiza y fortalece la legislación para combatir la extorsión, definiendo con claridad el delito y estableciendo agravantes y penas más severas, protegiendo a comerciantes, transportistas y personas vulnerables.
Introduce Audiencias Públicas como un mecanismo formal para que los ciudadanos expresen sus inquietudes directamente ante autoridades, promoviendo transparencia, participación y rendición de cuentas.
Establece un área especializada para investigar y sancionar delitos contra la naturaleza y el bienestar animal, ofreciendo atención accesible y personal capacitado para la ciudadanía.
Armoniza sanciones y establece medidas pedagógicas y restaurativas para quienes arrojan basura en espacios públicos, fomentando educación ambiental y participación comunitaria.
Fortalece las sanciones contra incendios y quemas que dañan el medio ambiente, diferenciando penas según la intencionalidad y agregando agravantes para áreas protegidas o reincidencias, promoviendo responsabilidad y prevención.
